La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó la Resolución Nº 016/2026, que habilita la puesta en marcha de una prueba piloto para implementar un sistema de consulta y control en tiempo real de los pagos de premios en todas las modalidades de juegos autorizados.
La iniciativa surge tras el análisis de una comisión especializada y apunta a incorporar nuevas tecnologías que optimicen la gestión de la información y fortalezcan las tareas de fiscalización. El proyecto se enmarca en la estrategia nacional de gobierno electrónico, promoviendo mayor eficiencia y transparencia en la supervisión del sector.
Cronograma de implementación
La prueba piloto tendrá una duración total de 180 días y se desarrollará en dos etapas consecutivas:
Primera etapa: comenzará el 1º de febrero de 2026 en la Banca de Cubierta Colectiva de Quinielas de Montevideo, con una duración de 90 días.
Segunda etapa: una vez finalizada la fase inicial, se extenderá durante otros 90 días a las bancas del interior del país.
Seguridad y transparencia
El nuevo sistema permitirá a la autoridad reguladora acceder en tiempo real a la información completa del documento de juego premiado al momento del pago, incluyendo fecha del sorteo, número de boleta, tipo de juego y detalles del acierto.
Para garantizar la seguridad de los datos, la transmisión se realizará mediante redes privadas encriptadas y con certificados digitales. Asimismo, las bancas de quinielas deberán mantener líneas seguras que aseguren el acceso actualizado a la información. En el caso de apuestas telefónicas, se exigirá además la captura de imagen del comprobante de pago con firma y cédula del apostador.
Convivencia con el sistema actual
Durante el período de validación del plan piloto, continuará vigente el sistema actual de envío de imágenes como respaldo de pago. La Dirección Nacional recibirá informes mensuales elaborados por la División Inspección y el Departamento de Informática para evaluar el funcionamiento del nuevo esquema antes de su eventual implementación definitiva.
Con esta medida, Uruguay da un nuevo paso hacia la modernización del control del juego, reforzando su compromiso con la transparencia, la fiscalización eficiente y la incorporación de herramientas tecnológicas en la gestión pública.
